Medios peruanos difunden con insistencia propaganda política ponderando sin ambages el modelo vigente y descalificando abiertamente las opciones progresistas o renovadoras presentes en el proceso electoral en curso. Más allá de la inadmisible inequidad de la contienda, incluida la discriminación del acceso a la propia franja electoral, sorprende la omisión total, por parte de los medios y de los grupos políticos y económicos que los respaldan, de las múltiples observaciones, reflexiones y análisis que, a nivel internacional, puntualizan las serias limitaciones del actual modelo para hacer frente no sólo a la crisis actual de la pandemia y sus dramáticas consecuencias; sino a las más esenciales necesidades de una gran parte de la población mundial y, menos aún, a la sostenibilidad del planeta.

La veintena de candidatos de la contienda y sus promotores expresan, en esencia, únicamente dos grandes opciones: a) Mantener el sistema y conducción del país bajo el dominio plutocrático aferrado al individualismo patrimonialista; y b) Reorientar el sistema, superando las enormes brechas estructurales, hacia la valoración plena del ser humano y la protección del conjunto de la sociedad, con una opción humanista, solidaria y de convivencia armónica con la naturaleza. Esta trascendental contienda tiene carácter internacional y debe ser objeto de un análisis muy acucioso que permita destacar y sopesar lo siguiente:

(A) Desde el papa Francisco hasta el FMI y el BM, pasando por Davos, ONU, CEPAL, OMS, innumerables estudiosos y entidades académicas señalan, con diferentes énfasis y prioridades, las trabas del modelo y la imposibilidad de superarlas sin cambios profundos que propicien la equidad, solidaridad y sostenibilidad.

El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, hace un formidable llamado a la solidaridad por la sostenibilidad y la justicia global; señala la hermandad y solidaridad como base para enfrentar la grave situación, pero advierte que tal hermandad y solidaridad deberán darse a nivel mundial, sin distingo de fronteras y ser base de una acción conjunta de los Estados, para enfrentar no sólo la pandemia, sino la concentración creciente del ingreso y la riqueza; así como la depredación ambiental, el narcotráfico o el terrorismo; también se requiere acción conjunta de los Estados frente a las presiones por una tributación regresiva que favorece a grandes fortunas y corporaciones y a la elusión y evasión fiscal que empobrecen al Estado e impiden su acción por la igualdad de oportunidades y el bien común.

“DAVOS” y también OXFAM, analizan y proponen medidas certeras frente a la desigualdad, el cambio climático y para la superación de la pandemia. Coincidiendo con diferentes instituciones y foros, se propone un mundo mucho más igualitario en el que valoremos lo verdaderamente importante; con economías más humanas que cuiden de las personas; un mundo libre de toda explotación y en el que haya seguridad de ingresos. Un mundo donde los más ricos paguen los impuestos que les corresponden de manera justa. Un mundo con seguridad climática.

Se enfatiza la interdependencia polifacética de los estados y de la humanidad en su conjunto, lo que complejiza y amplía el espectro de los bienes públicos mundiales como la salud, el medio ambiente, pero también la verdad y la transparencia, entre otros. La amplitud y trascendencia de los bienes públicos, nacionales y mundiales, exige el fortalecimiento del Estado y sus capacidades, con la reformulación y redefinición de sus derechos y obligaciones, así como de su relación con el mercado y la sociedad en su conjunto. Se señala también la necesidad de que se reconstruya la autoridad moral del Estado, y de que la economía vuelva a ser una ciencia moral, donde prevalezca la intencionalidad y juicio al servicio de la sociedad, de las necesidades y aspiraciones humanas. Después de décadas de vigencia de las imposiciones del malhadado consenso de Washington entre los organismos monetario-financieros internacionales se señala, en suma, la necesidad de un nuevo contrato social genuino, de una nueva relación y balance entre sociedad, Estado y mercado; entre la humanidad y la naturaleza.

(B) En el ámbito Nacional, sin embargo, además de la cerrada defensa del modelo actual, partidos, medios y entidades corporativas señalan al Estado como el único responsable de la pésima atención de los servicios sociales básicos, por su ineficiencia y corrupción. Se presiona al gobierno para evitar impuestos extraordinarios y para reducir las restricciones de las actividades económicas, sin tomar en consideración la gravedad de los efectos en la contención de la pandemia. Se descalifica y demoniza cualquier propuesta de cambio, arguyendo que representan la “la nueva cepa del chavismo”, que son retrógradas y que quieren implantar el comunismo, la planificación central y el intervencionismo económico del Estado. El cambio traería consigo los defectos y vicios más rechazados y temidos por la población (desabastecimiento-inflación). Se defiende asimismo la intangibilidad de la constitución de 1993 sustento del modelo, al que según se afirma debemos el “progreso” de los últimos años. En general defienden el modelo vigente como ya ni siquiera se atreve a hacerlo el FMI, el BM o aún el Foro Económico Mundial de Davos-Suiza.

(C) Frente a tales argumentos debemos señalar, en primer lugar, la escasez de oportunidades propia de nuestra economía primaria, consolidada por décadas de apertura indiscriminada, improvisación, desregulación, exclusión y del “sálvese quien pueda y cómo pueda”. El atraso productivo limita la creación de empleo fructífero y creativo, generando y reforzando el patrimonialismo la corrupción y los privilegios de unos pocos; frente a la escasez y total desigualdad de oportunidades. El constante debilitamiento y descalificación del Estado, para promover la privatización, no le ha permitido planificar ni menos ejecutar las indispensables inversiones de mediano y largo plazo en salud, Educación, comunicaciones etc., sustento del bien común y de la igualdad de oportunidades.

En segundo lugar, que el relativamente rápido crecimiento de 2001-2013, se debió al crecimiento de los precios de los minerales empujados por el crecimiento de la economía China. El esfuerzo individual de pequeños empresarios emprendedores compensó en algo la fuga de capitales y la escasa inversión privada de envergadura; se creó trabajo de baja productividad, con lo que creció el subempleo y la informalidad. La evasión y elusión tributaria, además de las exoneraciones y privilegios de la gran empresa impidieron un mayor impacto positivo del auge de precios de minerales limitando los ingresos para la acción e inversión estatal.

En tercer lugar, determinadas disposiciones de la Constitución bloquean la capacidad del Estado como propulsor y garante del bien común: Expropia a la nación su derecho al uso beneficioso y sostenible de sus recursos naturales en favor del desarrollo nacional, debido a que al ser explotados por empresas privadas dejan de ser propiedad del País, el que no puede influir sobre su uso o destino, incluso para el abastecimiento interno. Somete al país a las decisiones de cortes y jueces extranjeros e impide corregir contratos fraudulentos dañinos a los intereses nacionales. Convierte en mercancías, mercantiliza los derechos humanos fundamentales.

La disposición del carácter subsidiario del Estado, además de propiciar su desacreditación, condicionó la llamada modernización del Estado limitándola a su empequeñecimiento y a la reducción de trámites y regulaciones de todo orden, incluidas aquellas relativas al medio ambiente y los recursos naturales. Se fortaleció únicamente el manejo fiscal y monetario, y se debilitaron los campos de los servicios sociales básicos, que de ser derechos pasaron a ser mercancías sujetas a negocios con fines de lucro. No se implantó la carrera pública; se mantuvo el trabajo temporal y salarios inadecuados lo que impidió el adiestramiento y mayor capacitación de los servidores públicos. Se denigra al Estado, se subestima la solidaridad social y se promueve el individualismo, lo que impide la cohesión e integración ciudadana para el logro de un genuino Proyecto Nacional que aglutine y potencie las aspiraciones y esfuerzos de todos los peruanos. En suma, se ha configurado un Estado desprestigiado, débil e ineficiente, funcional al modelo, incapaz de prestar los servicios esenciales de la sociedad (para privatizarlos) y menos de regular la economía, de compensar o corregir las deficiencias del mercado, ni de generar la igualdad de oportunidades y conducir el desarrollo nacional.

(D) Siendo válida, para la amplia mayoría y para la sostenibilidad del planeta, la necesidad de un nuevo contrato social, de una nueva relación y balance entre sociedad, Estado y mercado que supere las graves distorsiones y omisiones del mercado y que garantice la sostenibilidad del planeta, es para ello indispensable su institucionalización y fortalecimiento:

 a.1 La institucionalización con principios y reglas claras y explícitas del rol y funcionamiento del mercado como asignador de los recursos privados, así como el fortalecimiento de las instancias de regulación (mercado de bienes y servicios, capitales, valores, fusiones y adquisiciones)

 a.2 La reestructuración, fortalecimiento y modernización del Estado, en su rol como compensador, regulador y corrector eficaz de las deficiencias y omisiones del mercado; como gestor de los recursos, bienes y servicios públicos; como generador de la igualdad de oportunidades y en suma como impulsor y garante del bien común y del desarrollo humano sustentable.

 a.3 A su vez, la gestión eficiente del Estado y la reconstrucción de su autoridad moral requiere de la planificación de la acción pública, cuyos resultados se evidencian en el éxito logrado desde el siglo pasado por los países europeos y otros que no sólo han salido de la pobreza sino que se han convertido en potencias de desarrollo como Japón, Corea, China, etc.

 a.4. En coherencia con el análisis prospectivo para el desarrollo de nuestra República al tercer centenario y como orientación y sustento del cambio estructural, en nuestro país se requiere de la implantación y vigencia efectiva de la Planificación Estratégica, orientada hacia un Proyecto Nacional de largo plazo - sustentada por la política y manejo del financiamiento público y la reforma tributaria - que constituya el propósito y fundamento de la reestructuración, modernización y fortalecimiento del Estado. La planificación vinculante y estricta de la acción del Estado, articulada sistemáticamente al presupuesto público, deberá asegurar la debida priorización, racionalidad y calidad del gasto y la inversión pública, evitando la corrupción y constituyéndose en orientación y soporte de la construcción progresiva de la visión deseada del País (Proyecto Nacional), con la programación y ejecución sistemática de la inversión pública de corto, mediano y largo plazo.

(*) Licenciada en ciencias económicas y Magister en Economía del Desarrollo por la Universidad de Lovaina Bélgica. Estudios avanzados del doctorado del tercer ciclo- Universidad de Grenoble Francia.